La República Federal de Brasil es un país de dimensiones continentales, de
una población heterogénea y grande diversidad cultural. En ese contexto, se
desarrolló en la política un sentimiento de distancia entre representantes y
representados, donde la requisición de informaciones públicas suelen ser
tratadas por cultura de secreto y mala voluntad en informar, mismo como
práctica contraria al ideal de un Estado de Derecho.
En los últimos años, sin embargo, crece la actuación de la sociedad
brasileña junto a las actividades gubernamentales y el acompañamiento de la
gestión pública se ha incrementado considerablemente, sobre todo en relación a
presupuesto y gastos con políticas públicas.
Verdades personales son diferentes de información pública. Información es
un derecho fundamental. Por eso, la idea de
seguridad no puede estar vinculada a la idea de secreto.
Frente a tanta complejidad, volúmenes excesivos de
recursos y otras dificultades en la gestión del inmenso país que es Brasil,
mismo en un contexto como ese, se puede evolucionar en las relaciones entre
gobierno y sociedad.
Se puede pensar la idea de Gobierno Abierto (Open
Government) a partir de la ley de Linus[1]
que enuncia: “Con suficientes ojos, los errores son superficiales”. Es decir,
para este trabajo, cuando están todos (los interesados) con la atención fijada
en los datos públicos, los errores se tornan más visibles, más evidentes, y más
fácil de ser detectados y corregidos, pues son superficiales. Es un concepto
tan fácilmente comprensible y lógico,
que tanto es que es utilizado en diversas áreas, además la informática.
Con el Acceso a la Información de datos Públicos y la transparencia, es
más fácil simplificas la actuación de los ciudadanos en acompañamiento de
implementación de políticas públicas y a motivar a los gobernantes actuaren con
responsabilidad, concientizando que
informaciones, datos, números, son fundamentales para la ciudadanía – y también
para el mejor ejercicio del derecho de elegir aquellos en quien votamos y que
nos van representar.
Con datos abiertos, los ciudadanos pueden inspeccionarlos desde planificación
y ejecución de las políticas públicas, pueden monitorear la implementación de
las políticas públicas y control de la aplicación de los recursos. Es la realización
de los principios de Igualdad delante imperativos Constitucionales, la Ley y
las buenas prácticas en la Administración Pública.